El proyecto establece los presupuestos mínimos de esa modalidad de tareas, como la garantía de derechos laborales, tanto en cuanto a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, la intimidad del domicilio y la posibilidad de revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.
En ese sentido, sostiene que las regulaciones específicas «se determinarán para cada actividad mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley».
La modalidad de trabajo a distancia «debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador», que podría regresar así al trabajo presencial, se aclara.
Desde distintos sectores de la oposición cuestionaron que esta iniciativa -en caso de ser aprobada en el Senado- se pondría en marcha recién 90 días después de finalizada la cuarentena.