Las primeras luces rojas aparecieron la semana pasada y fueron el principal motivo de debate en la reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí se analizaron los alcances de un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio lugar a una medida cautelar que obligaba a pagar la totalidad del salario de una empleada desde el momento de su suspensión, más allá del acuerdo que habían sellado la entidad fabril con la CGT -con aval oficial expreso- para suspender trabajadores con un recorte que no superara el 25% del salario neto. En medio de la pandemia y la cuarentena, ese tipo de medidas fueron la manera para sostener el empleo.
El miércoles la UIA, pero también otros sectores empresariales, advirtieron sobre un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral, y que tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Básicamente, da más tiempo a los empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido. Se trata de una iniciativa del senador del Frente de Todos Daniel Lovera, que -dice la UIA- no recibió ninguna observación del sector privado. «Se trabajó bajo el radar», contó un empresario.
«El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo», dice el comunicado de la UIA.IFE 4 de Anses: por qué el Gobierno no descarta un nuevo cobro del Ingreso Familiar de Emergencia
Para la entidad, «la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo».
«El proyecto original de Lovera es idéntico a uno que presentó Héctor Recalde en 2017 como diputado», contó a LA NACION un empresario que prefirió el anonimato. «Este proyecto nos preocupa porque va a aumentar la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector privado. Lo vienen manejando con mucha discreción porque quieren que aparezca debajo del radar. Es otra de las señales contradictorias al sector privado que envía el Frente de Todos», completó.
El empresario señaló que la idea de extender al máximo la posibilidad de hacer juicios, sumado a las multas que triplican las indemnizaciones «es un negocio de algunos y una de las causas principales por las cuales las empresas, y principalmente las pymes, no contratan personal».
El borrador del proyecto, al que accedió LA NACION, también propone que los reclamos de indemnización por «daños derivados de delitos de lesa humanidad» sean imprescriptibles, aun cuando los mismos hubieran sido perpetrados con anterioridad a la norma presentada en el Congreso Nacional.(La Nacion)