A mediados de julio, una investigación, publicada por un consorcio integrado por 17 medios de comunicación de varios países, reveló que el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permitió espiar los teléfonos de al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas por los derechos humanos y a 65 líderes empresariales de distintos lugares del mundo.
«Estamos profundamente preocupados porque se estén utilizando recursos intrusivos muy sofisticadas para vigilar, intimidar y silenciar a defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos», señalaron expertos de la ONU citados en un comunicado.
«Tales prácticas violan derechos como la libertad de expresión, la privacidad y la libertad, y pueden poner en riesgo la vida de centenares de personas, la libertad de los medios de comunicación y socavar la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacional», añadieron.
Software de vigilancia se ha convertido en peligro para derechos humanos
El comunicado fue firmado por tres relatores especiales de Naciones Unidas, incluida la que se encarga de temas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.
«Durante los últimos años, con frecuencia hemos hecho sonar la alarma respecto al peligro que representan las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos. Una vez más, exhortamos a la comunidad internacional a crear un marco reglamentario sólido para prevenir, atenuar y reparar el impacto negativo de estas tecnologías y, entretanto, adoptar una moratoria relativa a su venta y transferencia», subrayaron.
La investigación periodística sobre Pegasus se apoya en un listado de 50.000 números de teléfono seleccionados por los clientes de NSO desde 2016, obtenida por la organización Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y Amnistía Internacional (AI).
Los expertos de la ONU han instado a Israel a que «revele de manera absoluta los pasos que ha dado para revisar las exportaciones de NSO, a la luz de sus propias obligaciones en materia de derechos humanos».
«Es un deber de los Estados verificar que empresas como el grupo NSO no vendan o transfieran tecnologías a Estados y entidades susceptibles de utilizarlas para violar los derechos humanos, y de que no firmen contratos con éstos», insistieron.
jov (afp, nzz)