l pasado 24 de diciembre, a través de un decreto, el Gobierno dio un golpe a la operación de las low cost. Dos meses después, una empresa aeronáutica concretó su propia ofensiva. Flybondi presentó una medida cautelar en la Justicia para que el Ministerio de Transporte no pueda avanzar con la regulación de las bandas tarifarias, una política que implicaría una tarifa máxima y una mínima para los vuelos de cabotaje, lo que produciría una suba en los precios de los pasajes de bajo costo.
La presentación solicita al juez una “urgente intervención” para que no se implemente la decisión oficial, adoptada el año pasado mediante el decreto 879 y cuya entrada en vigencia está prevista para fines de junio. En cambio, busca que se analice la legalidad de tal política. Concretamente, Flybondi argumenta que la imposición de bandas tarifarias va en contra de la ley 19.030 y, por ende, es inconstitucional. Además, acusa que busca beneficiar la posición de mercado de Aerolíneas Argentinas en desmedro del resto de las compañías.
Fuentes del sector confirmaron que la presentación judicial, realizada el 22 de febrero, ya fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, el magistrado que falló en contra de Flybondi en la causa por la reapertura de El Palomar.
Además, la cautelar va en contra de otra de las medidas adoptadas mediante el decreto. Se trata de la distribución de rutas internacionales entre cada aerolínea. En la actualidad, las frecuencias a destinos en el extranjero se reparten entre las empresas aerocomerciales en base a la disponibilidad (hay una cantidad fija de vuelos por semana) y la capacidad de las aerolíneas de emprender esos viajes eficientemente. Según la presentación judicial, el Gobierno estaría impidiendo a los privados el acceso a esas rutas para otorgárselas a Aerolíneas Argentinas.
Adicionalmente, la empresa alegó que la medida va en contra del interés general y en detrimento del desarrollo federal del transporte aerocomercial del país, debido a que empresas como Flybondi conectan aeropuertos en provincias y municipios con nuevas rutas antes inexistentes.
En el Ministerio de Transporte comentaron a LA NACION que no fueron notificados formalmente de la presentación judicial. Sin embargo, el juez Cayssials envió una comunicación oficial a la cartera el 20 de abril, solicitando que produzca un informe como demandados en el término de cinco días hábiles.
La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) fue notificada de la causa y, de acuerdo con fuentes oficiales, dio respuesta haciendo hincapié en que se trata de un organismo técnico y no decisorio en la materia de bandas tarifarias. Además, conocedores de la negociación puntualizaron que se están llevando adelante conversaciones con las empresas para “hacerlas partícipes” de la regulación. Habrían concretado una reunión con las autoridades en la que se les solicitó información financiera y de inversiones. El encuentro, según algunos participantes, fue conflictivo y derivó en la intervención del ministro Alexis Guerrera, aunque algunos niegan que este haya participado personalmente. ( La Nación)