El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude, por direccionar licitaciones para favorecer al empresario Lázaro Báez, ingresa el lunes en su etapa final, con los alegatos contra los acusados, donde la fiscalía probablemente pedirá severas condenas y los defensores, la absolución.
El caso llegará a su fin con un veredicto, en el segundo semestre, cerca de fin de año. Pero ahora entra en la fase decisiva en medio de un clima enrarecido, porque se descubrió la semana pasada que se habían vulnerado los sobres lacrados con la información detallada del patrimonio de los jueces a cargo del juicio, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
El problema no es el patrimonio, que es público, sino que en esos anexos reservados están los domicilios, los datos de las esposas e hijos de los magistrados, sus gastos de tarjetas de crédito, números de cuenta y detalles de inversiones personales. Sin bien los jueces no hablaron sobre el tema, en tribunales sus colegas interpretaron que la irrupción en la oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura podría querer intimidar a los magistrados.
La primera en alegar este lunes será la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el único querellante que quedó en pie en el juicio, pues la Oficina Anticorrupción (OA), que era el otro acusador, se bajó del juicio por decisión de su titular, Félix Crous, que desde que llegó al cargo con el gobierno del Frente de Todos entiende que esa tarea corresponde a la fiscalía.(La Nación)