El recorte de partidas que aplicó el ministro de Economía Sergio Massa en distintas jurisdicciones de la administración –como educación, salud y obras públicas, entre otras- dejó a salvo a uno de los sectores que, paradójicamente, mayor gasto público insume: las empresas del Estado. Por el contrario, éstas fueron recompensadas con un aumento de $37.000 millones hasta fin de año pese a que algunas empresas –como AySA– tienen sus partidas subejecutadas.
Las 34 empresas que se hallan bajo la órbita del Estado constituyen un verdadero agujero negro que succiona miles de millones de pesos que les gira el Tesoro para mantenerlas operativas aunque la mayoría de ellas no sea rentable. Solo en estos ocho meses del año las diez principales empresas públicas recibieron transferencias por $583.075 millones (poco más US$4000 millones). Son $2400 millones por día, unos US$17 millones diarios. Un drenaje de recursos que, en buena medida, sirve para solventar un plantel que supera los 74.000 empleados en estas diez empresas.
Para dimensionar lo que implica semejante esfuerzo fiscal bastan algunas comparaciones. Por ejemplo, las transferencias de gastos corrientes y de capital que recibieron en lo que va del año las empresas públicas –$583.075 millones–, supera largamente lo que el Gobierno pretende ahorrar en materia de subsidios energéticos en todo 2023 por el esquema de segmentación tarifaria que comenzó a aplicar el Gobierno, monto que oscila entre $455.000 y $500.000 millones (0,5 punto del PBI) según precisó el Ministerio de Economía.
Dicho de otro modo, si las 34 empresas que orbitan alrededor del Estado también colaboraran con el ahorro fiscal, menor sería el esfuerzo que hoy debe realizar el sector privado para reducir el déficit, una de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, lejos de ajustarles las clavijas del gasto, el Gobierno decidió beneficiar a las empresas públicas con un aumento de $37.000 millones en su presupuesto. Así figura en la decisión administrativa 826/22 que dictó el Ministerio de Economía el martes pasado, en el rubro “Obligaciones a Cargo del Tesoro-Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos”, aunque en las planillas no aparecen discriminadas las empresas alcanzadas.
La contradicción está a la vista. Mientras el Gobierno justifica el recorte del gasto en aquellas partidas que aparecen subejecutadas –por ejemplo, el plan Conectar Igualdad, el programa de viviendas Procrear o el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes–, no aplica la tijera en las empresas públicas que también presentan partidas subejecutadas.
Uno de los casos emblemáticos es el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), conducida por Malena Galmarini, esposa de Massa. Según figura en la página oficial del Ministerio de Economía, de los $47.817 millones del crédito que tiene vigente para gastos corrientes, sólo se ejecutaron casi $20.000 millones, es decir, apenas el 41% en ocho meses (el promedio de ejecución a esta altura del año es del 55%).
La subejecución es mayor en el crédito para los gastos de capital de la compañía: con una partida vigente de $137.180 millones, gastó en ocho meses el 36,2% ($50.652 millones).
Hay otras empresas públicas que también presentan demoras en la ejecución de sus partidas y que llamativamente tampoco sufrieron podas. Es el caso de Integración Energética Argentina (IEASA): con poco más de $87.000 millones para gastos de capital, solo ejecutó el 12%. El Correo es otro ejemplo: apenas erogó el 32% de sus transferencias de capital, mientras que la empresa Corredores Viales ejecutó el 42% de sus $5549 millones para gastos corrientes.
Las preguntas intrigan incluso a los expertos en materia presupuestaria: el Tesoro gira miles de millones de pesos a empresas públicas que subejecutan gastos y, a la postre, presentan sus balances con déficit. ¿Es solo mala gestión? La cuestión despierta suspicacias: es sabido que no todas entregan en tiempo y forma sus balances. Un informe reciente de CIPPEC sobre transparencia en las empresas de propiedad estatal advierte que es muy bajo el nivel de transparencia en la gestión económica y financiera de estas compañías. ( La Nación)