El gobierno nacional, a través de la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Natasa Loizou, autorizó la compra de 60 pistolas Taser que habían sido adquiridas por la Policía de la Ciudad. Se trata de un viejo reclamo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que volvió al centro de la discusión pública tras el homicidio de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, baleada con su arma en el subte C.
A mediados de febrero, el gobierno porteño había presentado un amparo ante la justicia por la mora en la resolución del expediente administrativo para poder importar el armamento, recurso que fue aceptado por el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa, que le impuso al Estado una definición en un plazo de 30 días, que se iba a cumplir la semana que viene.
Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos N 20.429 de 1975 y los Decretos N° 395/75 y 1039/89. Su uso y adquisición por parte de las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido legislativa y políticamente en los años 80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado.
Bajo estas normativas, la ANMaC (ex RENAR) se encarga del control registral de la adquisición, importación y exportación de materiales controlados, mientras tanto las fuerzas de seguridad y policías son las responsables de determinar y regular el uso de armamento en el marco de los reglamentos internos de las mismas.