Luego del freno de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo apuntó directamente contra los gobernadores, a quienes responsabilizó por la falta de apoyo de sus diputados a algunos de los artículos de la norma, que había recibido media sanción en general la semana pasada. Incluso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, si bien minimizó los efectos del traspié parlamentario, había adelantado que se profundizaría el ajuste. Y eso comenzó a ocurrir ayer, con la decisión de eliminar las transferencias que el Estado nacional envía a las provincias para subsidiar el transporte público.
“Los diputados que trabajan conmigo votaron favorablemente, trabajaron favorablemente para toda la ley ómnibus. En mi caso la elogié en público varias partes.Creo que es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente. Tonta por donde se la vea”, dijo hoy Cornejo, quien había sido ayer uno de los primeros gobernadores en rechazar la medida.
Durante una entrevista en Radio Miter, el dirigente radical también dijo que la decisión del Gobierno nacional estuvo “pésimamente explicada” porque “el ministro Caputo dice que es para cumplir el pacto fiscal en 2017 que se firmó con Macri, pero ese pacto fiscal eliminaba los subsidios para el 2021. Lo dejó sin efecto Alberto Fernández. Eliminaba los subsidios en AMBA y en el interior”.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interiorrepresentó unos $102.000 millones en 2023. La medida puede abrir la puerta a fuertes aumentos de transporte en las provincias. En algunos casos podría superar los $1.000 si se retiran las subvenciones. Y, a pesar de las quejas (públicas y privadas) de algunos gobernadores, el Ejecutivo no dará marcha atrás. “Se van a tener que ajustar también ellos”, respondió una de las importantes fuentes de la Casa Rosada consultadas por Infobae.