La regla fiscal que impone el déficit cero, sacralizada en el proyecto de ley de presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso, está en la mira de la oposición. Tanto dialoguistas como el sector más crítico entrevén que este corsé fiscal le permitiría al Gobierno un manejo discrecional del gasto, prerrogativa que no quieren otorgarle en un año electoral.
Milei pretende hacer del equilibrio fiscal una regla permanente. Así lo establece en el artículo primero del proyecto: allí se determina que, de ahora en más, el sector público nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario y, en caso de que la recaudación prevista sea menor, los gastos deberán como mínimo recortarse en la misma proporción.
Salvo el kirchnerismo y la izquierda, nadie en la oposición discute el equilibrio en las cuentas públicas, pero tampoco quiere darle un cheque en blanco a Milei para que elija por dónde pasar la motosierra del ajuste si la recaudación cayera. Como el 70% del gasto es rígido (allí se incluyen las jubilaciones y pensiones, salarios públicos, intereses de la deuda y otras erogaciones), los opositores temen que, una vez más, las obras públicas y las transferencias a las provincias sean víctimas de un nuevo ajuste feroz.
La situación bien podría darse a la inversa, es decir, que la recaudación crezca más allá de las previsiones del Gobierno si la inflación es mayor al 18% presupuestado. Un porcentaje muy por debajo de las estimaciones del REM, relevadas por el Banco Central, y del FMI, que mantuvo en 45% su proyección para 2025.
De darse este caso, el Gobierno se haría de un excedente billonario que podría disponer de manera discrecional. Una práctica sistemática durante la era kirchnerista.
“Estamos de acuerdo con la regla del equilibrio fiscal, pero al artículo le falta contenido, una reglamentación sobre qué gastos se pueden reasignar”, advierte el diputado radical Lisandro Nieri, hombre del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y delegado del ala dialoguista de la UCR en las negociaciones con el Gobierno.
La contraparte oficialista tomó nota, pidió una redacción alternativa del artículo pero por ahora no acusa recibo. Al cabo de tres rondas de negociaciones los avances han sido magros. Las tratativas transitan en cámara lenta y el final de año se acerca; sin presupuesto sancionado para entonces, el Gobierno podrá prorrogar el vigente –que ya viene prorrogado– y, así, subir y bajar el gasto a discreción. A puro decreto.