El Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó ayer la adquisición de filial argentina de Telefónica por un monto cercano a los 1250 millones de dólares. De concretarse la compra, el grupo pasaría a poseer las marcas Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica, que se sumarían a Personal (que brinda telefonía celular e Internet hogareña en lo que era Fibertel) y Flow, que ofrece TV por cable y streaming. La operación fue anunciada por la empresa española, que a través de un comunicado aseguró que «la transacción se inscribe en la estrategia del Grupo de reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas».
La adquisición generó la inmediata reacción del gobierno de Javier Milei, que salió a poner en duda su viabilidad. A través de la Oficina del Presidente, la Rosada advirtió que aún resta la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). «En función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al Enacom y a la CNCD para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio«.
Ese argumento, el del «monopolio», es el principal esgrimido por la Rosada para interferir en la operación. «Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo», dice el comunicado de la OP.
Minutos más tarde, el Enacom emitió su propio comunicado y utilizó el término «controles», curioso en el marco de la desregulación permanente en la que entró el Gobierno en los últimos meses. «El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de TIC. Esos controles permiten garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y la accesibilidad de los mencionados. Además se trata de herramientas y recursos fundamentales para garantizar el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión», dice el texto del organismo.