La Cámara de Diputados le asestó un duro golpe político al ajuste de Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al rechazar una serie de decretos delegados emitidos por el Poder Ejecutivo que introdujeron fuertes modificaciones en diferentes organismos descentralizados, como Vialidad Nacional, el INTA y el INTI.
Más allá de la amplia mayoría con la que fueron rechazados, todos los decretos permanecen vigentes, ya que para invalidarlos se requiere, también, el repudio del Senado.
Uno de los más polémicos es el decreto de facultades delegadas 461/25, que le puso fin a la existencia de Vialidad Nacional sin establecer qué organismo o área del Estado los reemplazará en sus funciones. Su rechazo fue aprobado por 138 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones.
La medida fue publicada el 8 de julio pasado y puso en pie de guerra al gremio vial, que presentó un amparo contra la medida que le fue concedido por la Justicia.
También motivo de controversia, la Cámara baja rechazó el decreto de facultades delegadas 462/25, que introdujo una fuerte reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue rechazado por 141 votos a favor, 65 en contra y una abstención.
Este decreto modifica la estructura del INTA de manera radical. Disolvió el Consejo Directivo, para convertirlo en un Consejo Técnico, y estableció que el instituto será conducido por un funcionario con rango de secretario, el que será designado directamente por el Poder Ejecutivo.
En tanto, el decreto 345/25 ordenó la reestructuración de organismos culturales. Su medida más fuerte es la integración como “unidades organizativas” de la Secretaría de la Cultura a los institutos nacionales del Teatro y de la Música. La votación finalizó a favor del rechazo por 134 a 68 con tres abstenciones.
El mismo esquema aplica para los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. También disuelve los directorios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
El decreto 351/25 fue rechazado por 133 votos a favor, 69 en contra y una abstención. También impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, esta medida dispuso la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) al ponerlo en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende, a su vez, de la Jefatura de Gabinete.
Además, modifica la estructura de conducción del BNDG, que quedará bajo la responsabilidad de un director general técnico, que deberá ser un profesional en bioquímica o biología molecular con reconocida experiencia en genética forense nombrado por el Poder Ejecutivo por un mandato de cuatro años.