Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que habían sido ratificadas por el Congreso semanas atrás luego de que los vetos del presidente Javier Milei fueran volteados en ambas cámaras. Sin embargo, lo que sería una buena noticia para dos sectores sumamente castigados por las políticas de ajuste de La Libertad Avanza, no lo es: la aplicación de ambas normas fue suspendida por decreto.
Este martes, a través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ley 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente; y la Ley 27.796, Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, conocida como «Ley Garrahan».
Lo que no hizo el Ejecutivo fue destinar partidas para que se puedan aplicar. Al igual que lo había hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad, le reclamó al Congreso que defina sus fuentes de financiación y postergó la entrada en vigor de las normas hasta entonces.
En los considerandos de ambos decretos, se explica que las leyes quedarán «suspendidas en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere».
De este modo, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas, mediante el Presupuesto 2026.
Ley de Financiamiento Universitario: qué establece
La ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales, basadas en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.
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