Lo que negoció con los gobernadores
Desde diciembre, cuando ingresó la propuesta al Senado, las provincias alertaron sobre el impacto del capítulo fiscal de la reforma laboral que provocaba una baja de $ 1,9 billones en los fondos coparticipables.
Finalmente se eliminó el artículo que impulsaba una reducción del 30 al 27% en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
Hubo fuerte presión de los gobernadores, incluso los más aliados, para que se quitara el artículo 190, lo que al final el Gobierno aceptó. El oficialismo no tenía los votos para su aprobación, aunque del lado de los mandatarios provinciales dicen que el Poder Ejecutivo tampoco ya quería este artículo porque afectaría el superávit fiscal.
Lo que negoció con la CGT
La CGT consiguió dos puntos clave para mantener la llamada caja sindical. Por un lado seguirá por 2 años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. En la actualidad hay gremios que cobran 4%.
Tampoco avanzó el artículo que rebajaba las cargas patronales para las obras sociales. Seguirán en 6%, y no en 5% como pretendía originalmente el proyecto original. Para los gremios iba a impactar negativamente en el ya desfinanciado sistema de obras sociales.
Otro punto clave es que las empresas seguirán siendo agentes de retención de llas cuotas de afiliación sindicales.
La derogación de los estatutos y regímenes especiales será a partir de los 180 días desde la sanción de la ley.
Aunque la CGT presionó, no consiguió que se eliminara del proyecto la limitación del derecho de huelga en los servicios esenciales. Tampoco tuvo éxito la central con el artículo que establece que se deberá pedir autorización a la patronal para hacer una asamblea en los lugares de trabajo. Ese artículo sigue vigente.
Lo que negoció con las cámaras empresariales
En la negociación con las empresas se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.
Además se ratificó la bancarización desestimando las billeteras virtuales para el pago de los sueldos.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Un 2.5% irá para las pymes y el 1% para las grandes empresas.
Los juicios laborales se limitarán a considerar los salarios de los trabajadores, sin considerar aguinaldos y vacaciones. Se podrán pagar en 6 cuotas en el caso de las grandes empresas y en 12 las pymes.
Además, se amplían los servicios esenciales y trascendentales.