El cierre de facto del estrecho de Ormuz, con el tránsito marítimo reducido a mínimos históricos y sometido a control selectivo por parte de Irán, ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.
En las últimas semanas, el paso de buques —que en condiciones normales supera el centenar diario— se ha desplomado hasta cifras residuales, en algunos momentos limitadas a apenas una decena de embarcaciones autorizadas, en un contexto de militarización, ataques y despliegue de minas navales.
La crisis, enmarcada en la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha transformado uno de los principales cuellos de botella del comercio mundial en un punto de fricción geopolítica de primer orden. A la práctica paralización del tráfico se suma la pretensión iraní de imponer tarifas al tránsito de buques, una iniciativa que choca con el derecho internacional, pero que evidencia hasta qué punto el control físico del paso puede traducirse en capacidad de presión económica. El resultado inmediato ha sido un encarecimiento del transporte marítimo, el desvío de rutas y la incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos energéticos hacia Europa y Asia. En el caso europeo, esta situación ya se traduce en mayores costes energéticos, presión sobre la inflación y una creciente preocupación por la seguridad del abastecimiento.