Tras su salida del Gobierno, Manuel Adorni comienza sentir la presión de la justicia y en las últimas horas, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete tendrá que pedir autorización judicial para salir del país.
Lo concreto es que esta es la primera restricción procesal que se le impone al exvocero presidencial desde el inicio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también involucra a su esposa, Bettina Angeletti.
Fuentes judiciales explicaron que en rigor no se le prohibió la salida al exministro coordinador sino que sólo se aceptó su ofrecimiento de poner en conocimiento al tribunal ante un eventual viaje al exterior.
Incluso, su abogado defensor Matías Ledesma comunicó al magistrado que Adorni no tenía previsto salir del país. La acción del letrado se dio luego de circularan versiones sobre una posible mudanza al Uruguay.
Además, Pollicita descartó que existan elementos para solicitar su detención o considerar que haya riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La medida fue dispuesta luego de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, como denunciantes, solicitaran se prohíba la salida del país al exfuncionario.
Por el momento, el fiscal Pollicita desestimó la posibilidad de avanzar con otras medidas procesales. Además consideró que las conversaciones que Adorni mantuvo con el contratista Matías Tabar, antes de que el testigo declarara en la causa, no fueron un intento para entorpecer la investigación sino un dato que complicó aún más su situación.
En un audio que se difundió recientemente se escucha al exvocero ofrecerle al contratista, a cargo de las refacciones en la casa del barrio cerrado Indio Cua, «todo el soporte que necesites» de cara a la declaración testimonial que debía enfrentar en la Justicia.
Al presentarse ante Pollicita, el pasado 4 de mayo, Tabar reveló que Adorni había pagado 245 mil dólares en efectivo en concepto de refacciones de la vivienda que había adquirido en el barrio cerrado.
Uno de los puntos clave de la investigación es el costo de la casa del barrio privado ubicado en Exaltación de la Cruz, y de las obras para refaccionarla. Ese inmueble había sido omitido en la declaración jurada de 2024 y la compra se escrituró por US$ 120.000.
De acuerdo a lo determinado por la investigación, de ese importe, US$ 20.000 fueron aportados en efectivo Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Los US$ 100.000 restantes fueron producto de un préstamo en efectivo – hipoteca privada- realizado por Graciela Molina (jubilada de la Policía Federal) y su hija Victoria Cancio. Tiempo después, el funcionario le pagó a sus prestamistas US$ 30.000 de esa deuda. Antes de noviembre de este año debe cancelar los US$ 70.000 restantes más un interés de 11%.
La causa se inició luego de que salieran a la luz gastos, viajes y compras de viviendas que superan los montos que tanto el exjefe de Gabinete como su esposa reciben como ingresos en blanco.