Javier Milei reclamó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que afectan los derechos soberanos de la Argentina en las Islas Malvinas.
“Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, aseguró el presidente.
Y añadió en crítica directa a la efectividad diplomática de la ONU:
“Hace 50 años esta misma Asamblea aprobó la resolución 3149 que insta a las partes a obtenerse e introducir modificaciones unilaterales, mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”.
Milei se apalancó sobre la Causa Malvinas para asegurar que la ONU es una institución fosilizada, pero a lo largo de su discurso de 19 minutos rescató la necesidad de tener organismos multilaterales para resolver de manera pacífica las desavenencias entre estados soberanos.
En este contexto, el presidente utilizó una pregunta retórica para avanzar sobre sus cuestionamientos políticos a la ONU como foro internacional destinado a lograr una sociedad global pacífica.
Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, pierde su autoridad», advirtió Milei.
Y agregó:
“Bajo esta realidad quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones. La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación autorizada de nuestros recursos en el área en disputa actuamos, presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y a sus proveedores y enviamos al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.