Esta semana, la Argentina tampoco apoyó una declaración ante la ONU que cuenta con el respaldo de 44 países, sobre la preocupación acerca de la situación de los derechos humanos en Xinjiang, en China, que fue escrita por la embajadora y representante permanente de Canadá ante la ONU, Leslie Norton.
“Reportes creíbles indican que más de un millón de personas fueron arbitrariamente detenidas en Xinjiang y que existe una vigilancia generalizada, dirigida desproporcionadamente a los uigures y miembros de otras minorías”, expresa el documento y agrega: “También hay informes de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, esterilización forzada, violencia sexual y de género y separación forzada de niños de sus padres por parte de las autoridades”.
La presentación menciona, además, presuntas violaciones a los derechos humanos sobre minorías religiosas y étnicas, e insta a China a que permita el inmediato acceso a Xinjiang de los observadores independientes y a que ponga fin a las detenciones arbitrarias.
Michele Bachelet quiere visitar China
Esta semana, la máxima responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, dijo que esperaba acordar los términos para visitar China este año, con un paso por la región de Xinjiang, para examinar las denuncias de graves abusos contra uigures musulmanes.
“Sigo discutiendo con China las modalidades de una visita, que incluya un acceso significativo a la región autónoma uigur de Xinjiang, y espero que esto pueda lograrse este año, especialmente porque siguen apareciendo informes de graves violaciones de derechos humanos”, comentó la expresidenta chilena en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Bachelet está sometida a una creciente presión de los Estados occidentales para que consiga un acceso sin restricciones a Xinjiang, donde los activistas afirman que más de un millón de uigures y otros musulmanes turcos fueron retenidos en campos, algunos de ellos maltratados o sometidos a trabajos forzados. Pekín niega esas acusaciones y describe esos sitios como instalaciones de formación profesional para combatir el extremismo religioso. ( La Nación)