Un camino distinto al que se planteaban en Balcarce 50 en los días previos al fin de semana, cuando se analizaba la posibilidad de construir una nueva “Fase 1″, pero adaptada en el segundo año de pandemia en la Argentina, de acuerdo al estado actual de la economía, y de las posibilidades de cumplimiento en la sociedad.
Ese esquema de restricciones marcadamente más severas fue desaconsejada por los expertos médicos que asesoran al Gobierno y se diluyó en el inicio de la semana. En todo caso, se conserva como una carta que Alberto Fernández tendrá en la manga en caso de que los contagios no encuentran un techo y condicionen -aún más- la estabilidad del sistema sanitario.
Los especialistas médicos le recomendaron al Gobierno tomar tiempo hasta el jueves para medir con mayor precisión el impacto del primer decreto presidencial, que acotó la circulación nocturna desde las 23. Entienden que los efectos más contundentes del segundo DNU -el que buscó frenar las clases presenciales-, serán palpables en los primeros días de la semana próxima.
A diferencia de las últimas dos semanas, cuando hubo discrepancias con la Ciudad y con varios mandatarios provinciales, el Gobierno llega al momento de la decisión final con mayor consenso político. Lo respalda el evidente y sostenido alto nivel de contagios, que supera los 20.000 casos diarios desde hace diez días, en un contexto de alta ocupación en el sistema sanitario.
Durante las últimas 48 horas, el Presidente encontró el respaldo político que buscaba quince días atrás cuando emitió el decreto que está vigente hasta el viernes. En el Gobierno creen que pudieron anticipar el agravamiento de la situación sanitaria y consideran que la mayor parte de los mandatarios, en especial Rodríguez Larreta, miraron para otro lado.
“Avisamos y no nos escucharon. Ahora se dan cuenta de que tenían que tomar medidas”, reflexionó, con ironía, un funcionario cercano al Jefe de Estado. Sin embargo, aseguran, ya no hay enojo sino alivio por encontrar en todos los mandatarios la misma mirada sobre la degradación del escenario sanitario. En el nuevo escenario, el Gobierno buscará que los gobernadores sean los encargados de controlar el cumplimiento efectivo de las medidas.
Si el DNU no se cumple o las medidas se flexibilizan en la diaria, diagnostican en Balcarce 50, el relativo alivio de las condiciones epidemiológicas que se logró en las últimas dos semanas se disolverá con rapidez. Aseguran que a todos los gobernadores les conviene aplicar controles duros en sus provincias. Si la segunda ola pega con fuerza en sus distritos, sus sistemas sanitarios -en general menos robustos que el de la CABA y la provincia de Buenos Aires – podrían quedar en jaque.
Fuentes del Gobierno informaron que los lineamientos generales del decreto anterior se mantendrían vigentes por otros quince días, hasta mediados de mayo. Se planea implementar un sistema de fases -ilustrado con la figura de un “semáforo”-, que avance o retroceda según la situación epidemiológica de cada distrito de acuerdo a parámetros predeterminados.
Analizan también la posibilidad de introducir modificaciones en el horario de límite a la circulación -en lugar de 20 a 6, de 18 a 6-; en la forma de impartir la educación -de forma “administrada” por horarios, días y niveles-, y en el funcionamiento de los comercios -con entregas a domicilio y atención en la calle.
Las medidas aún están discusión y faltan las definiciones. Puertas adentro, en la Casa Rosada no descartan que Alberto Fernández pueda tomar alguna decisión específica que no está en discusión actualmente, tal como sucedió con la suspensión de las clases presenciales.
También evalúan que los profesionales – abogados, contadores, psicólogos, etc.- vuelvan a trabajar exclusivamente en forma virtual. E inclusive avanzar con una nueva restricción en las actividades recreativas. Reducir los encuentros físicos donde se relajen las medidas de prevención -la distancia social y el uso de barbijo- es considerado determinante para cortar la circulación del virus.
Las máximas autoridades tienen en cuenta el análisis que recibieron de parte de expertos en epidemiología y funcionarios de la cartera de Salud en la reunión del lunes; las evaluaciones que transmitieron los gobernadores en los cónclaves del martes -con los del Norte Grande- y el miércoles -con los del Sur y el Centro-.
Arriba de la mesa también tienen los datos de circulación y acatamiento de restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que les entregaron desde el gobierno porteño y el bonaerense; los datos de circulación que evalúa el Ministerio de Seguridad, y la información sobre la actividad económica que proveen las carteras de Economía y Desarrollo Productivo.
La segunda ola en el interior del país
Durante los dos encuentros por Zoom los gobernadores le describieron al Presidente los escenarios sanitarios que tienen en sus provincias. Hubo coincidencia en marcar el avance del plan de vacunación, cómo principal herramienta para enfrentar la segunda ola, y también en la necesidad de tomar medidas coordinadas en todas las regiones.
Fernández les aseguró que en el DNU que se publicará el viernes seguirá vigente el artículo que les permite a los gobernadores administrar las medidas nacionales de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada provincia.
En los dos días de reunión la mayoría de los mandatarios explicaron que el sistema sanitario está empezando a estresarse y que es necesario restringir la circulación antes de que les estalle la bomba en las manos.
AMBA
Más allá de las medidas a nivel nacional, la Casa Rosada evalúa en particular el complejo sub-mundo del AMBA, el área más poblada del país, donde conviven dos gobiernos de colores partidarios distintos y maneras disímiles de evaluar la gravedad de la pandemia en la segunda ola.
En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hubo un marcado viraje desde la semana pasada hacia una mirada proclive a políticas más severas en comparación con los últimos meses.
Las autoridades porteñas, preocupadas por la alta ocupación de las camas de terapia intensiva, que rozaban el 85% entre el sector público y privado, acusaron recibo de los cuestionamientos de la Nación respecto de los controles sobre las medidas sanitarias en comercios, restaurantes, gimnasios y obras de construcción, entre otros rubros económicos.
Según admitieron, en muchos casos no se estaban respetando las restricciones, y se comprometieron a contribuir a que se obedezcan. Tal es así que ya implementaron en un mayor monitoreo de la circulación nocturna y avanzaron con clausuras de empresas que incumplían las normas nacionales.
El miércoles hubo una reunión entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par porteño, Marcelo D’Alessandro, para coordinar esfuerzos en el control de la circulación y el cumplimiento de las medidas. Pero fuentes de la cartera nacional dejaron saber que, en buena parte, ese encuentro fue para evaluar las intenciones de la Ciudad para obligar al acatamiento.
El efectivo control de las restricciones es una de las condiciones que puso el Gobierno a la administración de Horacio Rodríguez Larreta para tomar medidas de manera consensuada, después del enojo del Presidente por la falta de monitoreo, que derivó en la toma unilateral de la decisión de frenar las clases presenciales.
Tras el encuentro, la ministra Frederic transmitió a la Casa Rosada lo conversado. En resumen, fuentes de su cartera dijeron a Infobae que encontraron a las autoridades porteñas “predispuestas al diálogo y a hacer efectivo el cumplimiento”.
Con respecto a la educación, después de la fuerte pelea de la última semana, en días recientes el gobierno porteño y el nacional acercaron posiciones. Sin una definición del Máximo Tribunal -que demoraba el fallo sobre la cautelar presentada por la Ciudad hace 10 días-, ambos gobiernos mantenían conversaciones para llegar a un punto medio.
Desde la Casa Rosada proponen una “presencialidad administrada”. Es decir, que las escuelas se abran en determinados días y horarios, e inclusive según el nivel educativo. Mientras que en la sede de Parque Patricios sugieren mantener las aulas abiertas para el nivel primario hasta 5to grado inclusive, y para el secundario hasta 3er año. Entre presiones del sector civil, desde la Ciudad aseguraron que la postura, por ahora, no está definida.
Mientras tanto, desde la provincia de Buenos Aires presionan al gobierno porteño para que haga cumplir las medidas vigentes y avance en otras. En la reunión del martes entre los jefes de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, nacional, Santiago Cafiero, y de la Ciudad, Felipe Miguel, la administración de Axel Kicillof se mostró dispuesta a retomar el diálogo con Rodríguez Larreta.
En La Plata siguen firmes en su diagnóstico de alta preocupación por el nivel de ocupación de camas en el sistema sanitario del AMBA y la suba de casos. Reclaman medidas más duras. Insistirán con más restricciones hasta último momento.
En el gobierno bonaerense reciben mensajes de preocupación de parte de los intendentes, en especial del segundo y tercer cordón, donde reina la preocupación por el avance feroz de los contagios. Los jefes comunales piden medidas más severas y sostener las suspensión de las clases presenciales. Sostienen que es desaconsejable regresar a las aulas -aunque sea de forma “administrada”, como proponen en Nación y Ciudad.
El miércoles por la mañana, antes de la reunión virtual del Presidente con los gobernadores del Sur y el Centro del país (donde se concentra la mayor cantidad de contagios y el sistema está más comprometido), en la Casa Rosada evaluaban la posibilidad de hacer una tercera reunión solo con Rodríguez Larreta y a Kicillof, debido a la delicado situación en el AMBA.
Hacia la tarde se descartó esa posibilidad y se puso en suspenso la reunión entre los tres jefes de gabinete que estaba pautada para este jueves. “Van a ajustar lo que haga falta por teléfono. Ya hablaron las máximas autoridades de cada distrito. Solo restan detalles”, explicaron a este medio fuentes oficiales.(Infobae)