Crece la presión sobre el oficialismo para sancionar esta semana la ley de ficha limpia

 El Gobierno se debate sobre la conveniencia de sancionar la ley, tomada como bandera por el macrismo en la campaña para la elección porteña del 18 de mayo, en el Senado crece la presión de las bancadas de la oposición dialoguista para tratar esta semana el proyecto de Ficha Limpia, que impide postularse a cargos electivos nacionales a quienes tengan condena judicial confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción.

La discusión de la iniciativa en el Senado fue postergada en dos oportunidades por la resistencia del oficialismo, pero hace dos semanas una mayoría de jefes de bloque logró imponer un compromiso para convocar a una sesión para este miércoles 7 de mayo con la finalidad de discutir, entre otros temas, el proyecto que ya aprobó Diputados a mediados de febrero último, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este fin de semana que están los votos para sancionar la ley. “Ya no quedan dudas”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista del Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), responde a las directivas del asesor presidencial Santiago Caputo a la hora de definir la estrategia legislativa de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Y fue el senador libertario quien pidió la última postergación con el argumento de que no debía mezclarse un tema político con un homenaje a la figura del Papa Francisco, criterio esgrimido también por el kirchnerismo.

Salvo alguna deserción sorpresiva y que despertaría sospechas, el proyecto tendría asegurado el respaldo de 38 senadores para ser aprobado tal cual salió de la Cámara baja y, por lo tanto, convertirse en ley. Es un número ajustado, pero es uno más que la mayoría absoluta que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral en el Senado.

Hasta el momento, sólo el kirchnerismo con sus 34 legisladores ha manifestado de manera pública su rechazo al proyecto, al que consideran una herramienta destinada a “proscribir” a Cristina Kirchner.

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