Las calles de San Salvador de Jujuy, en las zonas cercanas a la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno, amanecieron valladas y custodiadas por un megaoperativo policial ante las protestas que sacuden el territorio provincial. Las autoridades jurarán este martes por la nueva constitución jujeña impulsada por el gobernador Gerardo Morales, eje de la controversia y de las movilizaciones de los últimos cuatro días.
La Carta Magna local llega mutilada a los actos protocolares, después de su aprobación el pasado 15 de junio. Los cortes de rutas y el malestar de la población forzaron a Morales a dar marcha atrás y hacerle cambios al texto original. Ayer, el gobernador anunció la quita de los artículos 50 y 36 por las “dudas” que provocaron en los pueblos originarios los puntos que hacen referencia a la posesión de las tierras con recursos naturales como el litio y otros minerales preciosos.
“Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, sostuvo Gerardo Morales, al aclarar que hubo conversaciones con al menos 156 comunidades para consensuar los puntos controversiales, pero que existen al menos 300 grupos en la provincia.
Tras semanas previas con paros docentes por su conflicto de reclamo salarial, y protestas en distintos puntos de la provincia con la consigna de “arriba los salarios, abajo la reforma”, las comunidades aborígenes tomaron protagonismo este fin de semana con piquetes en las rutas provinciales y nacionales. La Policía de Jujuy reprimió la manifestaciones con dureza, dejando al menos 27 detenidos y decenas de heridos, siendo el de mayor gravedad el de Mijael Lamas (17), un joven jujeño que fue alcanzado por una bala de goma que le hizo perder su ojo derecho. El mayor foco de tensión de los enfrentamientos fue la turística localidad de Purmamarca, en el marco de consignas