«Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia, más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí», reaccionó Correa en su Twitter, desde Bélgica, donde vive tras terminar su último mandato en 2017.
El 1 de mayo pasado, Correa había apelado la condena a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato.
Además de la pena de cárcel, el tribunal de primera instancia lo había condenado a 25 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Hoy el Tribunal de la Corte Nacional rechazó la apelación de Correa y de sus exfuncionarios también condenados por la misma causa de corrupción, conocida como «Sobornos», y confirmó todas las sentencias, informó el diario El Comercio.
El caso contra Correa nació en abril del año pasado con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de la exjueza constitucional Pamela Martínez, sindicada por la Justicia y distintos medios como exasesora del Gobierno de Correa.
Martínez, la única condenada que colaboró con la Fiscalía y solo había pedido una reducción de la pena, dijo que en 2018 decidió escribir detalladamente el esquema de corrupción que, sostuvo, funcionó entre 2012 y 2016.
Estos anotadores son el corazón de esta causa contra Correa y quienes fueron sus funcionarios.
La Fiscalía sostuvo que, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigidos por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última reelección del mandatario en 2013.
En la condena contra Correa, el tribunal solo dijo haber demostrado un depósito directo al exmandatario por 6.000 dólares, pero estableció que había gobernado como «un autócrata» con una influencia directa sobre el resto de los exfuncionarios involucrados, a los que «instigó» a cometer el delito de cohecho.
Así como sigue defendiendo su inocencia, Correa también denunció que la suspensión de su actual partido, Fuerza Compromiso Social (FCS), es un intento por terminar de proscribirlos a él y a sus aliados en las elecciones del próximo 28 de febrero.
Ayer, el Consejo Nacional Electoral suspendió al FCS y otras tres fuerzas más pequeñas a pedido de la Contraloría General del Estado por irregularidades en los procesos de su registro.
Los partidos suspendidos tienen 10 días para hacer su descargo, es decir, que podrían apelar la decisión apenas una semana antes que comiencen las primarias, programadas entre el 9 y el 23 de agosto.