El Congreso argentino dio este miércoles (12.02.2025) el primer paso para la concreción de la denominada «Ley de Ficha Limpia» propuesta por el gobierno del presidente Javier Milei, y que la oposición peronista considera busca la proscripción de la expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto, que contempla limitar que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por corrupción se postulen a cargos públicos, obtuvo con 144 votos media sanción en la Cámara de Diputados tras casi 12 horas de debate.
«Ficha limpia», uno de los proyectos que el gobierno de Milei incluyó en su llamado a sesiones extraordinarias en el verano del parlamento, deberá pasar ahora al Senado, donde la fuerza política peronista (centro izquierda) cercana a Kirchner es mayoritaria y haría muy poco probable su sanción.
«Envían Ficha Limpia para perfeccionar el ‘modo casta’ y sacar de la cancha a la única dirigente que podría intervenir para mejorarle la vida a la gente», planteó la legisladora opositora Julia Strada, que calificó el proyecto de «cobarde».
Los discursos de los diputados de Unión por la Patria, frente que lidera Cristina Kirchner, que también fue vicepresidenta de Alberto Fernández (2019-2023), cargaron contra el sentido presuntamente dirigido del proyecto.
Por su parte, Silvia Lospennato, diputada del PRO -partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y aliado parlamentario frecuente del oficialismo de Milei-, celebró que el Congreso esté dispuesto a poner «una condición ética mínima» para ocupar las bancas.
«Hace diez años la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia cuando yo ya estaba caminando estos pasillos para sacar Ficha Limpia», dijo la diputada, una de las principales impulsoras del proyecto, negando que el mismo apunte a Kirchner.
La exmandataria, que cumplirá 72 años el 19 de febrero, es la principal referente de la oposición al presidente ultraliberal y preside el Partido Justicialista (peronismo). Medios locales estiman que podría buscar una candidatura legislativa en 2025 en la Provincia de Buenos Aires.
En noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó un fallo en primera instancia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación política por administración fraudulenta.
En caso de quedar firme este fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cumpliría su pena en prisión por ser mayor de 70 años.