El gobierno nacional y un grupo de mandatarios provinciales acordaron ayer no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La postura de la Casa Rosada fue influenciada directamente por los gobernadores del PJ, que durante horas estuvieron reunidos con el EEpresidente Alberto Fernández, algunos en forma presencial y otros de manera virtual. En especial, primó el reclamo del mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, que exigió desconocer la sentencia del máximo tribunal.
Al caer la noche se conoció el comunicado con la decisión de Fernández y 14 mandatarios provinciales que asistieron a la reunión en Casa Rosada y subieron la tensión con una decisión de enorme voltaje político cuyas consecuencias son aún desconocidas. En el mensaje se consideró al fallo como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, acusaron al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
En el Palacio de Tribunales adelantaban ayer que el impacto de una decisión de esta magnitud podía tener un enorme peso a nivel de la economía, con “lo que implica que el propio Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no acate un fallo de esta envergadura y competencia”.
Este mediodía, en la reunión de urgencia convocada ayer, los gobernadores del PJ le reclamaron a Fernández que el Gobierno asuma una postura firme frente al fallo de la Corte que repuso parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires que había sido detraída en 2020, cuando el Presidente decidió girarle esos fondos al gobierno de Axel Kicillof para apagar una revuelta policial. Los mandatarios provinciales dispensaron palabras fuertes contra los ministros del máximo tribunal y pidieron hacer “algo” para evitar que se vean afectados los fondos coparticipables que hoy reciben las provincias para, entre otras cosas, invertir en obras públicas. ( La Nación)