En medio del conflicto entre el Gobierno y la ciudad de Buenos Aires por el transporte, este jueves será el primer día en el que ambas administraciones se sienten a discutir. La decisión de la Nación de trasladar la competencia sobre 32 líneas de colectivos al gobierno porteño despierta controversias. En la práctica, representa una quita de 13.000 millones de pesos y abre incertidumbre sobre el costo del boleto.
El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, encargado de ejecutar el movimiento, recibirá a los dos enviados de Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, para comenzar a abordar la situación, que hasta ahora se ventiló en los medios.
Esa reunión se complementará con otra. Desde las 15, el secretario de Transporte nacional, Diego Giuliano se sentará junto con la secretaria porteña del área, Manuela López Menéndez y el ministro de la Provincia, Jorge D’Onofrio.
Más allá del cortocircuito, se anticipa una discusión prolongada. En el Ministerio de Transporte reconocieron a LA NACION que se trata de un primer acercamiento y que el diálogo “va a ser larguísimo”. Por esa razón, las fuentes consultadas anticiparon que se acordará “una serie de reuniones para el futuro”. Y remarcaron que no esperan definiciones para este jueves.
La postura de la gestión de Alberto Fernández es que el gobierno porteño debe hacerse cargo de las líneas que circulan dentro de su territorio. El traspaso de esa responsabilidad supone que la ciudad no contará con los subsidios que actualmente la Nación pone para cubrir parte de los boletos. En 2021 la Casa Rosada pagó por las 32 líneas que recorren la ciudad 13.850 millones de pesos por compensaciones tarifarias por oferta y demanda y 820 millones adicionales por gasoil a precio diferencial.
El kirchnerismo pone de manifiesto lo que representa ese subsidio para la CABA frente a lo desembolsó para el resto del país. Para todo el Interior, en tanto, se destinaron 28.000 millones de pesos el año pasado. Fue a través del Fondo Compensador instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri para reemplazar a los subsidios y otros 2000 millones de pesos por tarifa social. Es el Estado nacional el que paga la tarifa social de las localidades adheridas al sistema de la tarjeta Sube.
“Abrimos el diálogo para devolverle a la Ciudad de Buenos Aires aquello que las provincias tienen y controlan por sí mismas: las líneas de colectivo que circulan en su territorio. Queremos establecer un sistema razonable, que sane la brecha actual”, argumentó el secretario de Transporte, Diego Giuliano. ( La Nación)