El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este lunes por la noche que va a impulsar una reforma parcial de la Constitución de su provincia para incorporar, entre otros puntos, un límite a los mandatos de los diputados y concejales locales, y la prohibición de la ley de lemas, de los cortes de ruta y del indulto en casos de corrupción.
“Hemos decidido convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y aún aquellas que sean importantes, pero que no tengan participación legislativa, para proponer los cambios a nuestra ley fundamental, cuya última actualización data de 1986″, explicó el mandatario durante una conferencia de prensa que brindó frente a funcionarios de su gabinete.
A través de una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales, Morales agregó que, a partir de las “transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas” que se registraron en los últimos 40 años, es necesario “reafirmar, fortalecer y consolidar el rumbo, los derechos de las personas y los deberes del Estado”.
“Las limitaciones a los mandatos políticos, el orden democrático, la Paz social, la educación para el trabajo, el cambio climático, la igualdad de género, los derechos para la juventud y las transformaciones científicas y tecnológicas deben ser los paradigmas que guíen nuestro pacto de convivencia social y política, para fortalecer nuestra democracia en los tiempos que vienen”, señaló.
De acuerdo con la información que difundió su administración, el proyecto consta de varias modificaciones que se dividen en seis grandes ejes: reelección del gobernador, institucionalizar la paz social, nuevos derechos y garantías constitucionales, sistema político, Justicia y otros temas.
En el primer punto, en realidad, se detalla que no se va a cambiar la norma actual referida al mandato de los gobernadores en Jujuy, que seguirá siendo de dos periodos de cuatro años, como máximo, imposibilitando la re-reelección.
En el segundo apartado, en tanto, se plantea “prohibir el indulto a las personas que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, lo que se considerará atentado contra el sistema democrático”.
Además, se prohibirán los cortes de ruta, reglamentando “el derecho a la protesta conforme a estándares de Naciones Unidas”, y se reforzará la restricción de las usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada.
Asimismo, se buscará habilitar la ejecución directa para el cobro de multas “por contravenciones que afecten la paz social” y se remarcará en el texto final que “el ejercicio de derechos no puede afectar los derechos de los demás”.
En cuanto a los nuevos derechos y garantías, Morales pretende “dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de los niños, niñas y adolescentes” y plantear como un asunto “del Estado y de la sociedad” el “combatir el Cambio Climático y promoción de las energías renovables”.
También se propuso declarar más derechos para las mujeres y un nuevo enfoque para la igualdad de Género, así como “garantizar el acceso a la conectividad y la inclusión digital” y “receptar la nueva redacción de la CN con relación a pueblos indígenas”.
Sobre el sistema político, el gobernador anticipó que se buscará limitar a dos periodos los mandatos de los diputados, intendentes, concejales, comisionados y vocales de las comisiones municipales.
Otro punto importante es que quedará expresamente prohibida la implementación de la ley de lemas, como funciona en algunas provincias, y las sesiones ordinarias comenzarán el 1 de marzo y terminarán el 30 de noviembre de cada año.
En cuanto a la Justicia, la nueva Constitución va a “consagrar el Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de jueces inferiores” y se realizará una “evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad” del sistema.
Por último, la norma que impulsa Morales establece la eliminación del banco oficial de la provincia, del Instituto de colonización y del IPPS (Instituto Provincial de Previsión Social), por lo que el sistema jubilatorio pasará a estar a cargo de la ANSES.
Para poder avanzar con estos cambios, el gobernador deberá convocar ahora a los ciudadanos de Jujuy a una elección, que todavía no tiene fecha definida, en la que se definirá quiénes serán los convencionales que, ad honorem, debatirán el proyecto, compuesto por una serie de temas fijados por la Legislatura, que antes deberá aprobar, con el apoyo dos tercios de sus integrantes, la necesidad de hacerlo.
Luego, el Poder Ejecutivo de la provincia fijará el plazo en el que la Convención Constituyente electa deberá sancionar las reformas de esta Constitución. (Infobae)