El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país. La iniciativa beneficia a 16 millones de personas que no cuentan con el servicio de gas por redes y son víctimas de todo tipo de abusos, en especial sectores vulnerables.
A igual nivel de consumo, aquellos que utilizan garrafas terminan gastando hasta el doble de dinero que un usuario residencial. El Frente de Todos contaría en este tema con el apoyo de sectores de la oposición, incluso de Juntos por el Cambio, lo que quedó expresado en el debate de la ley para ampliar el alcance de la tarifa reducida de gas a regiones del país que sufren bajas temperaturas.
Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), está al frente de la redacción de la iniciativa para dar respuesta a un reclamo histórico de las asociaciones de consumidores y usuarios. El gas licuado de petróleo (GLP) envasado, es decir las garrafas, tiene un precio de referencia fijado por el Estado, pero en la práctica se impone la ley del mercado: cada cual cobra lo que quiere, dependiendo muchas veces de los grados de concentración del negocio. Cada distrito es un mundo. El poder de fraccionadoras y distribuidoras se hace sentir en cada caso.(DIB)