Mientras el Gobierno nuevamente advirtió que no se correrá un centímetro en su estrategia para controlar la protesta social al ratificar que en caso de haber acciones violentas durante la marcha de este miércoles «se utilizará una represión de acuerdo a los cánones legales», un juzgado porteño anunció que enviará funcionarios judiciales para «observar presencialmente» el normal cumplimiento del protocolo antipiquetes.
Tras los violentos incidentes de la semana pasada, que terminaron con varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, se espera que este miércoles 19 haya una mayor convocatoria a la marcha de los jubilados: se congregarán columnas de las dos CTA, la comandada por Hugo Yasky y «Cachorro» Godoy, de las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, y también participarán algunos sindicatos referenciados en el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda, como el Polo Obrero.
A diferencia de lo ocurrido el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, en esta ocasión no estarían convocando a la protesta barras de distintos clubes de fútbol. Este lunes la ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en Casa Rosada, presentó un proyecto de ley «Antibarras» y destacó la resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, que no dio lugar al amparo presentado por el CELS para suspender la aplicación del protocolo antipiquetes.
Pero el juez federal Martín Cormick anunció que “ante la proximidad de la marcha convocada para el miércoles 19/03/25, que genera en los solicitantes la incertidumbre acerca de que los hechos ya acontecidos puedan volver a repetirse”, el tribunal “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho o acto que resulte procedente para resolver” el plateo de inconstitucionalidad del protocolo ideado por Bullrich.