Más de 100 millones de personas fueron convocadas a votar sobre la reforma de la constitución rusa. Los cambios a la Carta Magna de 1993 reforzarían el papel del presidente con nuevas competencias y le permitirían al líder permanecer en poder hasta 2036.
Debido a la pandemia, el voto se realizó en el transcurso de una semana para evitar la aglomeración de gente, un hecho que ha sido criticado por grupos opositores.
Las urnas han estado disponibles desde el pasado 25 de junio para, según el Gobierno ruso, facilitar una votación escalonada que evite aglomeraciones y contagios.
A juicio de la oposición, el procedimiento empleado para garantizar supuestamente la salud pública constituye en realidad un coladero de irregularidades, un «pretexto» para amañar mejor el resultado de la consulta, ya que dificulta el control efectivo del proceso electoral. Así opinan varios dirigentes opositores, entre ellos el abogado anticorrupción, Alexéi Navalni, y la asociación Golos, una ONG rusa dedicada a la defensa de los derechos del elector.