La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, querellantes en el caso “Ruta del dinero” que todavía está en primera instancia, consideraron que ya no hay más medidas de prueba para producir en la causa, que podría quedar al borde del cierre.
Ambos organismos hicieron sus presentaciones ante el juzgado de Sebastián Casanello, en respuesta a un pedido de Cristina Kirchner, que está imputada en esta causa, para ser sobreseída y para que las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan quedaran sin efecto.
Las medidas en curso son declaraciones testimoniales a todos los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. También hay un entrecruzamiento de llamadas en curso sobre los teléfonos cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez. La justicia busca probar una relación negada tanto por Báez como por la vicepresidenta.
Quien debe responder ahora es el fiscal Marijuan, que había pedido al juez producir nueva prueba para resolver sobre la situación de la vicepresidenta. Casanello ordenó esas medidas el 2 de noviembre pasado, y hace dos semanas la defensa de Cristina pidió que esas medidas no se produjeran y que le dictaran el sobreseimiento. A partir de ese planteo, el juez pidió opinión a las querellas y al fiscal.