La Fiscalía inició hoy su séptima audiencia de alegatos en el juicio oral por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos presidencias. Se trata del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobernador de Chacho Jorge Capitanich y de Juan Manuel Abal Medina.
El fiscal federal Diego Luciani señaló que durante las presidencias de Cristina Kirchner “los jefes de Gabinete fueron cambiando pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo”, en referencia a que Julio De Vido se mantuvo como ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti como titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los 12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner.
Luciani sostuvo que todos los expedientes para ampliar el presupuesto de las obras que recibió Báez se iniciaban en el Ministerio de Planificación. “Seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete”, dijo el fiscal.
Los ex jefes de Gabinete declararon como testigos en el juicio porque en ese rol eran los encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre ellas las de las obras de Báez. Todos hablaron sobre cómo era ese mecanismo y descartaron que Cristina Kirchner haya cometido irregularidades.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras de Báez. Luciani señaló que las cuentas de inversión sobre las obras el Congreso las aprobaba con tres, cuatro o cinco años de demora. “No se pudo hacer ningún control real sobre los recursos destinados a las obras de Báez”, sostuvo.
Mola señaló que eso pasaba porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración” y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos la Administración General De Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz que nunca designó a los funcionarios que debían hacer los controles.
Lo mismo el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. “Fue un órgano parasitado”, dijo Mola y señaló que no hizo ninguna auditoria sobre las licitaciones ni de las obras públicas. “Aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin objeciones ni denuncias a pesar de todas las arbitrariedades”.
El fiscal también señaló que no hubo controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde destacó que fue designada como sindica general adjunta Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido. (Infobae)