La «batalla de Recoleta» continúa y suma más presentaciones judiciales. Ahora Elisa Carrió presentó un amparo judicial en el que reclama que se intime de manera urgente al ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, un enemigo declarado de la exdiputada, a que garantice la seguridad de los vecinos de Cristina Kirchner en medio de las movilizaciones a Uruguay y Juncal, que cumplen 10 días.
La fundadora de la Coalición Cívica, acompañada por Mariana Rayneli y con el patrocinio de Paula Oliveto, fue a la Justicia porque, según expreso, el acampe y la vigilia de militantes kirchneristas en el domicilio de la vicepresidenta vulnera no solo el derecho a circular sino también lo que hace a la «a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad», todos «consagrados constitucionalmente».
«Lo que se halla en juego es el avasallamiento de Derechos Humanos«, apuntó Carrió, que firma la presentación con Rayneli, comunera de la Coalición Cívica en Recoleta, quien señaló que «la conducta omisiva de las autoridades nacionales» en la obligación de garantizar la seguridad pública en la zona lesiona derechos amparados constitucionalmente.
Para Lilita, exvecina de la zona, los afectados que ella representa en su amparo son adultos mayores, comerciantes, personas con discapacidad. Ella explica que los perjudica la movilización K, cuya custodia quedó en una pelea judicial luego de que el juez Roberto Gallardo ordenara, tras un pedido de la legisladora Ofelia Fernández y Juan Grabois, el retiro de la Policía de la Ciudad, poniendo en manos de fuerzas federales el control del barrio.
Carrió marca que ella también es afectada por la movilización de militantes cristinistas, que comenzó tras el pedido de condena a 12 años que hizo el fiscal Diego Luciani en un juicio por delitos de corrupción en la causa Vialidad.
«Soy la Directora Académica y profesora del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt y en tal condición me veo privada de circular, dar clases y de mi fuente de ingresos«, explica y marca que hay «sujetos cuyos derechos se encuentran vulnerados debido al estado de indefensión actual e inminente».
La exdiputada reclama una respuesta rápida a su amparo, es decir que se dicte una medida cautelar para obligar al ministerio de Aníbal Fernández a garantizar la libre circulación en la zona, garantizando también la seguridad. Pide celeridad: «Máxime teniendo en cuenta que se trata de una situación sobre la cual no se advierte una pronta finalización».
La movida de Carrió apunta a dejar en off side a la Casa Rosada que, tras el fallo de Gallardo que busca sacar a la Policía Porteña del medio, no mostró acciones concretas para controlar las manifestaciones en Recoleta. “Aníbal Fernández y Cristina Kirchner son responsables de lo que pase”, dijo anoche en una entrevista en TV.
Y fue más allá: «La calle es muy chiquita. La gente hace pis y caca en los palieres y las personas mayores no pueden bajar. Y quienes pueden bajar tienen pánico, creen que los pueden robar», graficó.
También se refirió a los videos que muestran cómo los estallidos de los fuegos artificiales se producen a centímetros de algunos balcones: «La gente piensa que se le puede incendiar el edificio. Va a tener que empezar a venir el SAME. Acá se puede morir gente de un infarto. Aníbal Fernández y Cristina son responsables de lo que pase».
El amparo fue presentado en el Expediente 66227/2022, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 11 de Capital Federal, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya. Y habría, según confiaron a Clarín fuentes de la CC-ARI, más vecinos interesados en sumarse al reclamo.
«Si Cristina quiere apoyo, tiene la Avenida Santa Fe o la 9 de Julio. Allí, esas 5.000 personas pasar a ser una cosa chiquita», la chicaneó, pidiéndole que «mude» a sus militantes a otras calles de la Ciudad de Buenos Aires. (Clarin)