En un discurso de menos de seis minutos difundido por cadena nacional, Alberto Fernández se expuso ayer de manera personal, política e institucional como nunca antes. El Presidente avaló una operación de espionaje ilegal sobre las comunicaciones personales de ciudadanos argentinos que ocupan cargos de funcionarios públicos, judiciales y empresarios e instruyó a sus subordinados a iniciarles causas penales por el presunto contenido de esos mensajes que él mismo reconoció que fueron obtenidos de modo ilícito.
Se trata de un hecho sin precedentes y a la luz pública que ocurrió a pocas horas del veredicto en la causa Vialidad sobre Cristina Kirchner. Ese proceso judicial esta tarde podría terminar en la primera condena por corrupción contra una ex presidenta y vicepresidenta en ejercicio de toda la historia argentina.
Alberto Fernández reconoció que estaba dando por ciertos mensajes que fueron “chupados” mediante un hackeo ilegal y violatorio de las más básicas normas de protección de la intimidad: “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes”.
Pese a que reconoce el controvertido origen ilícito del material que difundieron con intensidad medios y dirigentes kirchneristas desde el fin de semana, el presidente desestimó esa cuestión, los dio por válidos y lanzó una serie de instrucciones al ministro de Justicia, el ultrakirchnerista Martín Soria, a su representante ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, y a los diputados porteños y nacionales. A saber:
“1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
“2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
“3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
“4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”.