Un juez federal le ordenó al gobierno nacional que en 30 días resuelva un expediente administrativo para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda importar 60 pistolas no letales Taser, que volvieron a ser puestas en el centro del debate por la seguridad tras el crimen de la oficial de la policía de la ciudad Maribel Zalazar ayer en el barrio porteño de Retiro.
El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa aceptó la semana pasada un amparo por mora que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó en noviembre del año pasado porque la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) no resolvía la importación de las Tasser.
“La Administración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares”, dijo el juez Correa en su resolución del miércoles de la semana pasada y a la que accedió Infobae. El magistrado agregó que la ANMAC en la causa “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora”.
Así, el juez intimó a la ANMAC -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- para que en 30 días resuelva el expediente administrativo que inició el gobierno de la ciudad por las Taser.
El debate por el uso de pistolas no letales en fuerzas de seguridad volvió con el crimen de la oficial Zalazar. El ministro de Seguridad de la ciudad con licencia, Marcelo D’Alessandro, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter que “el enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser”. “Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, desarrolló. Y agregó: “Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan”.