El año pasado, durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Bandera, se produjo una extraña manipulación de los expedientes con las declaraciones juradas de jueces y funcionarios judiciales en las oficinas del Consejo de la Magistratura. La investigación del hecho arrojó, la semana pasada, la conclusión de que 82 declaraciones juradas desaparecieron. Otros 277 documentos fueron abiertos, sin que los investigadores hallaran constancias que justificaran esas consultas.
En un informe de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales al que accedió LA NACION, se puntualizó que “muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales”, mientras que “otros fueron hallados archivados (…) y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano [por el Consejo de la Magistratura]”, pero “algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia”.
“El relevamiento efectuado arrojó la existencia de 82 sobres que no fueron hallados y que no tienen constancias que expliquen el faltante -43 anexos públicos y 39 anexos reservados-”, se puntualizó en el informe. La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal es Ramiro González.
En la pesquisa no se constató ninguna irregularidad en los accesos durante esos días. “Los investigadores hicieron medidas de prueba en su momento [cuando se presentó la denuncia por la intrusión] y no encontraron nada que diera cuenta de una persona ajena al Consejo que hubiera ingresado al área”, dijeron a LA NACIONfuentes judiciales, que informaron que por ahora no tienen identificados sospechosos.
“No fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados”, se lee en el informe.
En cuanto a la posible relación de este caso con el que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi por los hackeos a teléfonos celulares de jueces, los investigadores dijeron que no tienen elementos concretos hoy que los conecten con la otra causa. “No podemos descartar una eventual vinculación, pero hoy no tenemos nada concreto”, dijo una fuente que trabaja en el caso.
Además de los 82 expedientes de declaraciones juradas que habrían sido robados, “fueron 277 anexos públicos los que presentaban signos de haber sido abiertos”. En el informe se puntualizó que “fueron hallados con signos de apertura los sobres de Anexo Público de magistrados, que se hallaban dentro de una caja rotulada ‘jueces’, que se encontraba en el despacho del 8º piso”.