El escándalo de corrupción en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que tiene a sus dos principales dirigentes investigados en distintas causas, tendrá este lunes dos definiciones judiciales clave. Por un lado, el juez Diego Amarante decidirá si procesa a Claudio «Chiqui» Tapia (presidente) y Pablo Toviggino (tesorero) por irregularidades con aportes millonarios. Por el otro, una sala de la Cámara de Casación dirá si la mansión de Pilar atribuida a Toviggino vuelve a ser investigada por el juez Marcelo Aguinsky o si queda en el despacho de su colega Adrián Charvay, como pretende la AFA.
Cada decisión tiene una historia y un peso particular. La causa por la retención millonaria de aportes es la que más preocupa a la Asociación de Fútbol y a los cuatro dirigentes imputados en el caso: los mencionados Tapia y Toviggino, más el expresidente de Racing Víctor Blanco y el actual titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, estos últimos investigados por su rol como secretarios de la AFA.
Están acusados de no haber pagado en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes patronales. El delito estaría probado y el argumento de la defensa (que finalmente la deuda se terminó abonando) no alcanzaría, a priori, para evitar que al menos algunos de los imputados terminen procesados.
Semanas atrás, los cuatro dirigentes debieron ir a Tribunales a declarar y siguieron la misma estrategia. Presentaron escritos en los que rechazaron las imputaciones y se negaron a responder preguntas. Blanco y Malaspina dijeron directamente que ellos, en su rol de secretarios, no tenían la responsabilidad de pagar.
El paso de Toviggino por Tribunales, más allá del escrito de 100 páginas que entregó para reafirmar su presunta inocencia, dejó polémicas extra. El tesorero de AFA llegó en una camioneta sin patentes y con una fuerte custodia. También, en el operativo, un periodista identificó a uno de los vehículos que se encontraron la mansión de Pilar que se atribuye a Toviggino.