La presentación fue realizada en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo de la jueza María Servini, según informaron fuentes judiciales.
En su denuncia, el jefe de Estado pidió que se investigue a los dirigentes ultraliberales por los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal, que castiga a quien cometa acciones con el objetivo de “infundir temor público”.
El texto dice que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

