El experimento que ha entusiasmado a varios gobernadores con la zanahoria de poder asignar a un juez en la Corte bajo un modelo “federal” se descuenta que podría atravesar la administración de Alberto Fernández, por lo que mandatarios como Jorge Capitanich de Chaco que se visualizan competitivos en 2023 han sido protagonistas del sprint final con el que la idea de ampliación empujó al Gobierno a desempolvar al proyecto cuya confección estuvo monitoreado por Cristina de Kirchner y se redactó, casi en paralelo, al del Consejo de la Magistratura que sigue en discusión en Diputados.
El proyecto es corto y consta de 3 artículos. La evaluación, por estas horas, era el tema de la división de salas que estaba contemplado en la versión original y por una cuestión obvia de la cantidad de cargos en juego. La división en salas especializadas es una propuesta que induce a la discusión académica pero que genera murmullos de índole constitucional que podrían machucar las aspiraciones de la ampliación. Para un sector relevante del mundo jurídico dividir una Corte en salas es inconstitucional.
Si bien la ampliación alcanzaría el número de 25 jueces, la idea que circulaba en despachos oficiales era que no sería necesario tener todo el nuevo plantel nombrado para que comience a funcionar en pleno, sino que vayan ingresando conforme se negocien los nombramientos. El formato de “mini Senado” a propuesta de los gobernadores implicaría un necesario reparto con la oposición por un tema numérico. Pero –especulan- alcanzaría con consensuar un grupo comenzando por alguna región o en nombre de algunas provincias para romper el bloque de mayoría actual. Es un plan de alto riesgo, sobre todo por los plazos de resolución. La cuestión termina muy atada a los planteos de judicialización que siempre repercuten en los intentos reeleccionistas de los gobernadores. (ämbito)