El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión.
La resolución del Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llega después de que se corriera vista a todas las partes para que se pronunciaran.
En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, cuyo origen la Justicia determinó que está relacionado con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.
Los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, habían elaborado a pedido del Tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes “decomisables” que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015 −el período juzgado en la causa− con cuya ejecución la Justicia podía comenzar a cobrarse los casi $685.000 millones.
La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la expresidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.
El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto de este año. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.