La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y fundadora de la agrupación K «Justicia Legítima», María Laura Garrigós de Rébori consideró este martes que «los vecinos del country (de Pilar) impidieron que se cumpla con la ley» por la orden dispuesta por la Cámara Federal de Casación que ordenó que el empresario Lázaro Báez cumpla el arresto domiciliario en ese lugar.
Sobre los daños materiales que los vecinos del country generaron en el móvil que trasladaba a Báez, Garrigós de Rébori adelantó que se hará «la denuncia correspondiente porque además, tenemos que cobrar el seguro ya que tenemos muy pocos móviles, de traslado».
«Los vecinos del country ayer impidieron que se cumpla con la ley. Había una orden de un tribunal y la violaron», dijo la interventora en declaraciones a la radio online Futurorock, tras los incidentes registrados anoche en un barrio privado de Pilar, que generaron además la rotura de uno de los móviles, donde se encontraba Báez. Garrigós depende de la ministra de Justicia, Marcela Losardo
Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario de Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Tras señalar que «no» va a «emitir opinión» sobre lo que sucedió anoche, Garrigós de Rébori dijo: «A uno puede no gustarle Báez pero si tiene esa casa, y el Tribunal aceptó el arresto allí, hay que cumplirlo. Eso no se pudo, y es lo grave».
Por otra parte, dijo que desde el organismo que conduce se respetó la orden de la justicia «en el momento y la forma» indicada y que «el hecho de que «haya ciudadanos que decidan que un Tribunal no puede disponer el lugar de alojamiento de las personas que tiene a su disposición, es un problema» que «excede el marco del SPF». (Clarin)