El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados.
En concreto, el Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basado en la resolución de la magistrada que dispuso la liberación de 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.
El Ministerio de Seguridad describe que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.
En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.