La denuncia del abogado Jorge Monastersky por la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional, quedó a cargo este lunes del juez federal porteño Sebastián Ramos.
La presentación se concretó el viernes último por mail ante la Justicia Federal y se sorteó a primera hora: quedó a cargo del magistrado Ramos y del fiscal federal Ramiro González, informaron fuentes judiciales a Infobae.
El denunciante reclamó que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril pasado y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”.
Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.
La “Compañía”
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.
También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.