Después de una fuerte polémica por la autorización del tratamiento, finalmente falleció un paciente porteño con coronavirus al que un juez había ordenado administrar dióxido de cloro (CDS). Se trata de Jorge García Rúa (92), internado en el Sanatorio Otamendi con un cuadro grave de Covid-19 y que muriera anoche. Su abogado afirma que “no murió por la aplicación del CDS, sino justamente por la demora del sanatorio para darle el medicamento”. Médicos del país afirman por su parte que la autorización judicial “fue una locura total”.
Todo empezó cuando el hijo de la esposa de García Rúa, fallecida el 6 de enero por la enfermedad, hiciera una presentación ante la Justicia Federal para solicitar que el hombre recibiera de manera urgente ese producto, no autorizado por ninguna autoridad sanitaria.
El doctor Dante Converti, neurocirujano y médico personal de García rúa, prescribió el tratamiento “alternativo” para el hombre por el “compromiso pulmonar severo, que recibió tratamiento convencional con oxígeno, pese a lo cual la saturación de hemoglobina continuaba por debajo de los valores normales”.
En ese contexto el médico solicitó tratamiento con ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y dióxido de cloro (CDS), por vía endovenosa, siguiendo los protocolos específicos por el cuadro de situación para un paciente considerado “en muy grave estado”.
Fallo
De esa manera, el 7 de enero un fallo del juez federal Javier Pico Terrero admitió como válida la medida cautelar presentada contra el sanatorio Otamendi y Miroli S.A. con la que se define que se “administre el uso del ibuprofenato de sodio, a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro mediante vía intravenosa” a García Rúa.
Se trató de un fallo sin precedentes en el país. El uso de dióxido de cloro para tratar el coronavirus fue rechazado por las autoridades de la Anmat y autoridades gubernamentales, además de la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) y otras, y hasta la Organización Panamericana de la salud terció en el caso.
Rechazo
El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, calificó este martes, en tanto, de “mala praxis judicial” al fallo del juez Pico Terrero. “¡Es una locura lo que se ha hecho!, expresó el doctor Maglia a la agencia estatal Télam y consideró al fallo como “un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina, que si bien en algunos casos puede ser beneficiosa para dar respuestas justas a pacientes que lo requieran en este caso es todo lo contrario, absolutamente perniciosa”.
Maglio consideró un despropósito “que un juez pueda dar una resolución basado en una sola receta, sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o bien a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)”.
Por su parte Carlos Damin, profesor titular de Toxicología de la UBA, sostuvo en declaraciones a TN que “el dióxido de cloro es primo hermano de la lavandina. Se utiliza como blanqueador. Nunca jamás fue utilizado como tratamiento. No tiene ningún tipo de evidencia científica que demuestre que como medicamento es bueno. Claramente es una sustancia tóxica y puede provocar daño a la salud. No es utilizada por ningún país del mundo. Salvo Bolivia, que hace poco autorizó su uso”. (DIB) MM