El cerebro detrás de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez hace 11 días, fue el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez. Su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, utilizó sus vínculos para el plan criminal. La “prueba trascendente” para saber que la víctima fue capturada y trasladada, posiblemente, hacia Chaco, fue el rastro de olor del chico, que se encontró “ciento por ciento” en el auto de los sospechosos. Y la certeza de que se está ante un caso de “trata de personas” se encontró en los teléfonos celulares secuestrados.
Además, la policía de Corrientes “plantó” pruebas para desviar la investigación en las horas cruciales del inicio de la búsqueda del niño.
Así lo sostuvieron en una conferencia de prensa el fiscal Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), dependencias del Ministerio Público de Corrientes. Lo confirmaron después de que el caso, que tiene en vilo al país, pasara del fuero penal provincial al federal.
Unas horas antes de la conferencia de prensa, y ante la certeza de que se estaba ante un caso de captación de menor con fines de trata, los fiscales Castillo y Barry presentaron el pedido para declinar su competencia. El juez de garantías de Goya Darío Ortiz hizo lugar a la solicitud y remitió el expediente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
“El Ministerio Público Fiscal de Corrientes planteó la incompetencia y, en virtud de lo que disponen el Código Procesal de la provincia y el Código Procesal de la Nación, he hecho lugar a la incompetencia y a la inmediata remisión del legajo al Juzgado Federal de Goya, y a poner también de forma inmediata a disposición [de la magistrada] a los seis detenidos y los elementos secuestrados hasta el momento”, explicó a LA NACION el juez Ortiz.
En el fuero federal, el Ministerio Público estará representado por el fiscal federal Mariano De Guzmán, quien tendrá la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano y del fiscal general Marcelo Colombo.
En las próximas horas, el fiscal federal De Guzmán deberá decidir si acepta la competencia o rechaza la causa remitida desde la Justicia provincial. Si el representante del Ministerio Público decide que la causa se quede en el fuero federal, la jueza Pozzer Penzo definirá si la investigación queda bajo su mando o si, eventualmente, delega la instrucción a manos del fiscal.