El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales. Pero además el magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La expectativa, sin embargo, es esperar al análisis de toda la documentación y pruebas que se lograron obtener en los procedimientos: los celulares serán claves, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
No obstante, las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero que no está involucrado en el expediente, dijo a este medio que los abogados recién pudieron tener acceso a la causa ayer. Apuntan contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuestionan que habló de los procedimientos cuando aún no habían finalizado.