La reforma laboral promovida por Javier Milei y aprobada por el Congreso en febrero pasado fue suspendida por la justicia argentina. Un juez del fuero laboral resolvió este lunes aceptar la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) –la principal organización sindical del país– y dejó por el momento sin efecto a 82 de los 218 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral. De acuerdo con el magistrado, hay en la norma indicios “serios y graves” de inconstitucionalidad y de afectación de principios como la libertad sindical y la irrenunciabilidad de derechos. El Gobierno ultra apelará la medida y el debate continuará en los tribunales.
La ley ahora suspendida fue el gran logro de la Administración de Milei en lo que va del año. Resistida por los sindicatos, la nueva legislación flexibiliza las condiciones de contratación, abarata los despidos, habilita la extensión de la jornada de trabajo, considera optativo el pago de horas extras y reduce las cargas patronales, entre otros beneficios para las empresas. Milei ha sostenido que la “modernización” permitirá dinamizar un mercado de trabajo estancado durante más de una década.
Desde su aprobación parlamentaria, la ley fue objetada judicialmente por actores individuales y colectivos, y al menos cinco tribunales del país ya dictaron, en primera instancia, la inconstitucionalidad de algunos artículos. El fallo conocido este lunes es el más amplio y responde a una presentación de la poderosa CGT, históricamente conducida por el peronismo.
El juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo 63, aceptó el pedido de una acción declarativa de certeza requerida por la federación sindical y suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley. El propósito de la medida cautelar, argumentó, es evitar posibles perjuicios inmediatos e irreparables, mientras se dirime la cuestión de fondo, es decir, si la nueva ley respeta o vulnera derechos establecidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales vigentes.