El Gobierno nacional dictó este lunes un Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Se trata de una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya modificación realizó el Gobierno a través de un decreto reglamentario, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a información pública, «especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica».
«Habrá que ver como se implementa ese criterio, porque podría usarse para negar información sobre las visitas a Olivos», dijo a Clarín un especialista en acceso a la información pública.
El Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar «daños y perjuicios» a las personas, haya «ausencia de interés público» o se constituya en un «abuso del derecho», según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletín Oficial.
Además, restringe la difusión de «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre un acto de gobierno.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que «implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública».
«Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública», sostuvo en un comunicado la organización Poder Ciudadano.
Y agregó: «Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción».
En el mismo sentido se expresó un especialista en acceso a la información pública, quien aseguró a Clarín que «está claro el criterio restrictivo del Gobierno, ya que a partir de ahora cualquier funcionario podrá denegar el acceso, basándose en que se trata de datos que hacen a su privacidad, que pueda causar daños y perjuicios o que el solicitante esté cometiendo un abuso del derecho».