Se reactiva la causa Cuadernos

Roberto Baratta, la ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, volvió a ser convocado para declarar en indagatoria en la causa Cuadernos junto a otros ex funcionarios y empresarios, revelaron a Infobae fuente judiciales. Es que la investigación decidió reactivarse sobre las pistas que aportó como arrepentido el financista Ernesto Clarens.

Se trata de una parte “residual”, porque la gran parte del expediente ya fue elevado a juicio oral, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado. Precisamente, Baratta era, según la investigación judicial, el “cobrador” y su chofer, Oscar Centeno, el que decidió escribir en distintas libretas aquellas travesías.

Cuando el escándalo estalló en la Justicia, Centeno se convirtió en “arrepentido” y activó una causa que sacudió a tribunales a mediados de 2018 con detenciones de ex funcionarios y empresarios de primera línea buscando ser “imputados-colaboradores” para evitar la cárcel.

Hace un año, la Cámara Federal de Casación Penal validó la declaración de los arrepentidos en el caso de los Cuadernos, que habían cuestionado un grupo de defensores. Se trata de una de las causas que sigue en pie contra Cristina Kirchner, que durante este año ya logró fallos favorables para cerrar el caso de dólar futuro (por resolución de Casación), Memorándum con Irán (por parte del Tribunal Oral Federal 8) y la causa Los Sauces-Hotesur (en una reciente decisión del Tribunal Oral Federal 5).

Roberto Baratta, el día de su detención en la causa cuadernos. Hoy está libre (Gustavo Gavotti)

El juez federal Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que comandó Claudio Bonadio, ordenó ahora la indagatoria de Baratta, de su asistente Nelson Lazarte, y del ex funcionario de Planificación Hernán Gómez. Todos ellos ya fueron enviados a juicio oral. Pero además el juez dispuso la citación como sospechosos a un grupo de empresarios que ya aparecían vinculados a la investigación. La noticia sorprendió a las defensas que entienden que con la causa elevada juicio no podían volver a ser citados por estos hechos.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que el juez dispuso convocar a las indagatorias en el marco de prueba que fue llegando a la causa durante este tiempo, alguna incluso pedida por su antecesor Marcelo Martínez De Giorgi. Esas citaciones, señalaron, no tienen vinculación con la otra prueba que llegó a la causa: los diálogos que aparecieron en los celulares de Baratta y cuyo contenido se filtró en las ultimas semanas.

Se trata, agregaron las fuentes, de pruebas que aluden a la declaración como arrepentido que prestó el financista Clarens quien -en otra causa- está procesado por lavado de dinero vinculadas a la obra pública. Como arrepentido, después de idas y vueltas al juzgado de Bonadio para que lo aceptaran como tal, Clarens aportó listas con los montos que pagaron los empresarios de obra pública en coimas y que luego le entregaba a emisarios del kirchnerismo. Dio los nombres de todos y cada uno de los “valijeros” que en representación de las empresas llevaban las coimas hasta su financiera.

Sobre ese escenario, Ercolini resolvió citar en indagatoria al empresario Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile y reconocido en la provincia de San Juan, sobre todo por su participación en las obras de los diques Los Caracoles-Punta Negra y en los arreglos de la ruta 40 Sur; y de su hijo, Hugo Dragonetti. Estos empresarios no sólo fueron citados en la causa por las anotaciones del chofer Centeno, sino también por la causa por la cartelización de la obra pública (o “la camarita” como le dicen muchos defensores) en donde el juez Bonadio avanzó en una asociación ilícita que habían conformado los empresarios que hacían negocios con el Estado.

Hugo Dragonetti, empresario (@estacionminera)

En su resolución, a la que accedió Infobae, Ercolini imputa a Hugo Dragonetti de haber “participado en pagos que habría ordenado su padre, Hugo Alberto Dragonetti, coordinándolos telefónicamente y/o aportando dinero”. Se trata de varios pagos en dolares durante 2010 entregados a Baratta (el primero un bolso con 800 mil dólares, después 450 mil y otro de 750 mil pesos). “Dragonetti se desempeñaba como presidente de la firma ‘Panedile’, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”. Cuando le tocó declarar, su padre aseguró que su hijo no estaba involucrado en las decisiones.

A la lista de declaraciones -que serán por zoom entre el 20 y el 27 de diciembre– se le suma el empresario Alberto Taselli, hermano de Sergio Taselli y quien estuvo a cargo de la concesión de la línea San Martín del ferrocarril y controló la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. A Taselli se le adjudica haber entregado dinero en 2013 a Baratta y Lazarte en el Yacht Club Argentino, sito en la calle Cecilia Grierson 500 de esta ciudad. “Taselli se desempeñaba como presidente de la firma “Faraday”, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, señala el juez.

Ercolini citó además a indagatoria a Jorge Juan Mauricio Balán, titular de la firma santafesina Industrias Secco. Le imputa haber hecho pagos en 2013 a Baratta y Lazarte, en una oportunidad dentro de un auto blanco en el que viajaba el empresario por Arroyo y Esmeralda; y a los 15 días hubo otra entrega de 500 mil dólares en una habitación del Feir´s Park Hotel.

Al empresario Claudio Glazman, uno de los primeros detenidos en la causa; se le imputa haber ordenado a Claudio Alberto De Lassaletta que le entregara en 2009 unos 270.000 dólares al funcionario de Planificación Hernán Gómez. El dinero, se señala, fue entregado a Baratta y luego éste se lo dio a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Hubo otra entrega que alcanzó la suma de casi dos millones de dólares (USD 1.900.000); y una tercer episodio en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires “Malba”. “Las entregas de dinero en cuestión se habrían realizado como consecuencia que durante el año 2009, Claudio Javier Glazman le solicitó a Roberto Baratta que arbitrara los medios para que el entonces Ministro De Vido dispusiera la venta por remate de tres terrenos ubicados en esta ciudad. Baratta accedió a considerar la solicitud, requiriéndole un aporte de un millón de dólares (USD 1.000.000), presentándole a Hernán Gómez a tal fin”, se señala. El juez los espera en indagatoria. (Infobae)