Las restricciones impuestas por el Gobierno mediante una decisión administrativa para los argentinos que viajaron al exterior serán analizadas por la Justicia. Un abogado penalista planteó en los tribunales federales de Lomas de Zamora que la decisión es inconstitucional, y presentó un hábeas corpus correctivo colectivo para que su mujer y su hija, que viajaron a los Estados Unidos el pasado 8 de junio, puedan regresar al país.
“Esta restricción constituye una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional”, planteó el abogado José Luis España en la presentación a la que accedió LA NACION. El planteo sostiene que la decisión del Gobierno afecta a los derechos protegidos por la Constitución en los artículos 14, 15 y 43.
El juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora está vacante y actualmente lo subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien deberá pronunciarse en las próximas horas sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada. Si hiciera lugar al planteo, el hábeas corpus alcanzaría a la totalidad de las personas afectadas por la medida. El Gobierno estimó que hay más de 40.000 argentinos en esta condición.
“En lo personal, estoy a mas de 7000 kilómetros de mi esposa e hija, no sé cuándo podrán regresar a mi hogar, debiendo solventar imprevistos gastos de alojamiento y alimentación por un tiempo indeterminado, a los que desconozco si la economía familiar podrá o no hacerles frente”, advierte la presentación.
Y agrega: “Muchos otros estarán en una situación peor, con una familia numerosa e hijos pequeños, con posibilidad cierta de perder sus empleos, de no poder afrontar los gastos de permanecer en el extranjero, en definitiva, comprometiendo su economía familiar por una decisión irrazonable de la Administración Pública”.
Según la presentación, que incluyó fuertes críticas a la decisión de restringir el ingreso de residentes argentinos al país y solo autoriza el ingreso de 600 personas por día, “los hechos mencionados suponen la violación de innumerables garantías constitucionales y Derechos Humanos, lo que es susceptible de acarrear responsabilidad internacional del Estado”.
“Debe instruirse a quien corresponda con la finalidad de que se haga cesar con urgencia la vulneración de la libertad ambulatoria y de tránsito”, sostuvo el abogado España.( La Nación)