La administración de Jorge Macri dice tener una determinación: llegar hasta la última instancia para que los niños no estén en la calle, aunque esto implique actuar para que la Justicia los separe de los adultos y les quite la custodia. Durante el último semestre de 2024 se dictaron 15 medidas excepcionales en esta línea.
Bajo esta premisa, en febrero del año pasado, el gobierno porteño creó el protocolo “Cero niños en calle”, que endureció el manejo de niños en condiciones de vulnerabilidad. Si bien la situación de calle ya era considerada un factor de riesgo en las gestiones anteriores, con la nueva normativa pasó a tener la misma jerarquía que otros casos graves de vulneración de derechos, como el maltrato o el abuso sexual infantil. Además, hace hincapié en la necesidad de actuar con inmediatez y de aplicar medidas de protección directas para niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Así, advierten, se busca “garantizar una respuesta institucional efectiva que proteja los derechos de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo”. “Con el protocolo pudimos afinar el mecanismo y articular todo para dar una mejor intervención”, indican a LA NACION desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Esto implica llegar a extremos, como avanzar para remover la tutela de los menores.
Si bien el gobierno porteño despliega recorridas callejeras en momentos particulares del año -como ocurre con el Operativo Frío, que asiste a personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas-, en estos casos, la asistencia se realiza a demanda: los vecinos se comunican telefónicamente con la línea 108 de Atención Social Inmediata para denunciar y ahí se da inicio al protocolo.
En la sede de la Red de Atención, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, los teléfonos suenan las 24 horas, los siete días de la semana. Pese a eso, en la sala en donde casi una decena de operadores responden a los llamados y derivan las denuncias a los equipos de profesionales del Ministerio solo se escuchan murmullos leves. Vestidos con la campera amarillo chillón que también lucen las camionetas que salen a hacer los recorridos, miran fijo las pantallas de las computadoras en donde no paran de aparecer nuevos casos y nuevas personas que necesitan ayuda.
En teoría, el protocolo funciona de la siguiente forma: cuando se denuncia la presencia de un menor en la calle, los especialistas realizan lo que se denomina un “abordaje de familias de riesgo”. Esto consiste en invitar a las familias a que, de forma completamente voluntaria, se acerquen a alguno de los 47 Centros de Inclusión Familiar (CIS). La decisión depende exclusivamente de cada adulto y el personal de la Red de Atención no puede obligarlos.