Si bien ya lo había adelantado días atrás, justo antes de Navidad, esta noche se conoció de manera oficial que Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino por haber expropiado mal a YPF en 2012, le solicitó a la jueza Loretta Preska –quien dictó la sentencia– que declare al país en desacato y la sancione.
En medio de una causa extensa y con muchas aristas, será un largo proceso para convencer a la magistrada de que tome una decisión en ese sentido, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en esta causa y otros litigios internacionales que tiene el país.
“Argentina rechaza todos los argumentos y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”, destacó el especialista, quien dijo que el Estado presentará, el próximo 19 de febrero, sus argumentos.
Según Maril, los demandantes solicitaron una serie de medidas contra Argentina, entre las que se destacan que “se declare el alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas); sanciones civiles; la presunción que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden de producirla; una multa coercitiva de un millón de dólares por día; y declarar al país en desacato”.
Desde la Procuración del Tesoro (PTN), quien comanda la defensa del Estado señalaron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”. Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento de Burford de hostigar mediante solicitudes “intrusivas y desproporcionadas, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina” y que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial.
“A Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery. Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”, destacaron fuentes oficiales sobre el bufete inglés fundado y dirigido por Christopher Bogart y Jonathan Molot, al que no pocos lo comparan con un “fondo buitre” por su estrategia de comprar activos baratos –en este caso, el derecho a litigar en esta demanda contra el Estado–y financiar el juicio por por años con el objetivo de multiplicar esa cifra con un fallo favorable.